Los trámites de consulta pública previa tienen por objeto recabar la opinión de ciudadanos, organizaciones y asociaciones antes de la elaboración de un proyecto normativo. Desde nuestro Consejo General se estudiará el texto con la intención de presentar aportaciones.
Entraría en vigor a los tres años de su publicación en el Boletín Oficial del Estado para asegurar un margen temporal suficiente para la adaptación reglamentaria y fomentar la presencia de mediadores en todos los partidos judiciales.
El plazo para presentar aportaciones finaliza el 8 de febrero de 2019.
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