El Consejo de Ministros ha aprobado el 29 de junio un Real Decreto para conceder ayudas por un valor de 660 millones de euros, ampliables a 1.320 millones, para el autoconsumo y el almacenamiento de energía. Estas ayudas forman parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y las actuaciones serán coordinadas por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE), que también se encargará de realizar un seguimiento de la evolución de éstas.
Entre las actuaciones financiadas están las instalaciones de autoconsumo (hasta 900 millones), el almacenamiento detrás del contador (hasta 220 millones) y la climatización con energías renovables (hasta 200 millones). Estas ayudas se repartirán en todo el territorio nacional hasta 2023 y los municipios beneficiarios con menos de 5.000 habitantes obtendrán un 10% adicional en su asignación.
Las comunidades y ciudades autónomas beneficiarias deberán comprometer un 80% del presupuesto inicial durante el primer año o tendrán que reintegrar la mitad de lo no comprometido en el plazo de 15 meses desde la publicación en el BOE de este Real Decreto. Asimismo, los destinatarios de las ayudas tendrán un plazo de 18 meses para justificar la construcción de las instalaciones desde el momento en que se les notifique su concesión.
Paquete de ayudas de seis programas
Las ayudas fomentarán la creación de empleo de proximidad y la mejora de la competitividad de empresas y economías domésticas al reducir sus costes energéticos. Asimismo, el paquete de ayudas se articulará por medio de seis programas.
Los tres primeros están dirigidos a sectores económicos concretos, mientras que los tres últimos, dirigidos sobre todo a viviendas, para el autoconsumo y almacenamiento en los sectores residencial, público y terciario, con una dotación de 215 millones, de los cuales 15 millones son para el almacenamiento; la incorporación de almacenamiento en autoconsumos en los sectores residencial, público y terciario, con 5 millones presupuestados; y la climatización y agua caliente sanitaria obtenida con renovables en el sector residencial, incluida la vivienda pública protegida, que contará con 10 millones de euros.
Por otro lado, para aumentar la información y la sensibilización de la sociedad, todas las instalaciones subvencionadas tendrán que incluir un sistema de monitorización. En las empresas y administraciones su rendimiento deberá reflejarse en una pantalla a la vista del público o los trabajadores, mientras que en las viviendas será accesible mediante un dispositivo móvil.
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