<\/p>\n
De acuerdo con la Ley 7\/2012, de 29 de octubre, de modificaci\u00f3n de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuaci\u00f3n de la normativa financiera para la intensificaci\u00f3n de las actuaciones en la prevenci\u00f3n y lucha contra el fraude existe esta limitaci\u00f3n desde el pasado 20 de noviembre.<\/strong><\/p>\n Este l\u00edmite aumenta a 15.000 euros cuando el pagador sea un particular que no tenga su domicilio fiscal en Espa\u00f1a y no act\u00fae en calidad de empresario o profesional. La limitaci\u00f3n no se aplica a operaciones entre particulares u operaciones realizadas con entidades bancarias.<\/p>\n El incumplimiento de esta limitaci\u00f3n implica una infracci\u00f3n administrativa grave, tanto por al pagador como para el receptor, con una sanci\u00f3n del 25% del valor del pago total realizado. Es decir, si el importe pagado en efectivo es de 10.000 euros, la sanci\u00f3n ser\u00eda de 2.500 euros a pagar solidariamente entre pagador y receptor, aunque la Agencia Tributar\u00eda se puede dirigir s\u00f3lo contra uno de los dos.<\/p>\n Asimismo, cabe decir que si la operaci\u00f3n supera los 2.500 euros, y se realiza en pagos fraccionados por importes inferiores al l\u00edmite establecido, tambi\u00e9n se est\u00e1 incumpliendo la limitaci\u00f3n.<\/p>\n