<\/p>\n
ACUERDO:<\/strong><\/p>\n a) La regulaci\u00f3n del art\u00edculo 4, en conexi\u00f3n con la Disposici\u00f3n transitoria primera ha de entenderse en el contexto finalista que persigue la realizaci\u00f3n de un informe que eval\u00fae el estado de conservaci\u00f3n del edificio, las condiciones b\u00e1sicas de accesibilidad universal y no discriminaci\u00f3n de las personas con discapacidad para el acceso y utilizaci\u00f3n de aqu\u00e9l, de acuerdo con la normativa vigente, y la certificaci\u00f3n de la eficiencia energ\u00e9tica del edificio, con el contenido y mediante el procedimiento establecido para la misma por la normativa vigente. Todo ello, en relaci\u00f3n con los edificios expresamente se\u00f1alados por la Ley 8\/2013, y con la periodicidad en ella establecida. Si la normativa auton\u00f3mica o municipal, en el \u00e1mbito de sus competencias respectivas, regulase un instrumento de naturaleza an\u00e1loga, que aportase la misma informaci\u00f3n que dicho informe requiere, se entender\u00e1 que \u00e9ste es el que reclaman los preceptos se\u00f1alados. Esta interpretaci\u00f3n ya forma parte del Real Decreto 233\/2013, de 5 de abril, por el que se regula el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitaci\u00f3n edificatoria, y la regeneraci\u00f3n y renovaci\u00f3n urbanas, 2013-2016 (art\u00edculo 21, apartado 1, a)).<\/p>\n b) Los art\u00edculos 7, 8, 10.1 y apartado 3.\u00ba, inciso \u00abo de dominio p\u00fablico\u00bb y 4.\u00ba, han de interpretarse en el marco de las competencias establecidas constitucional y estatutariamente y, en funci\u00f3n de ello, habr\u00e1 de entenderse que las actuaciones de rehabilitaci\u00f3n edificatoria y las de regeneraci\u00f3n y renovaci\u00f3n urbanas no alteran la ordenaci\u00f3n urban\u00edstica o en materia de vivienda vigente, sino que est\u00e1n condicionadas por ella, que podr\u00e1 en todo caso modificarse por razones de oportunidad para darles cabida, si as\u00ed se estima conveniente. De manera espec\u00edfica, la regla b\u00e1sica estatal que contienen los apartados 3 y 4 del art\u00edculo 10, es la garant\u00eda de la accesibilidad universal o la reducci\u00f3n de la demanda energ\u00e9tica anual en un 30 por ciento, mediante la ocupaci\u00f3nde las superficies de espacios libres o de dominio p\u00fablico que sean precisas, cuando no resulte viable, t\u00e9cnica o econ\u00f3micamente, ninguna otra soluci\u00f3n. Pero, de conformidad con las competencias establecidas constitucional y estatutariamente en materia de urbanismo, la aplicaci\u00f3n de dichas reglas, permitiendo que aquellas superficies no computen a efectos del volumen edificable, o aplicando cualquier otra t\u00e9cnica que, de conformidad con la legislaci\u00f3n urban\u00edstica, consiga la misma finalidad, corresponde a los instrumentos de ordenaci\u00f3n urban\u00edstica.<\/p>\n c) La memoria de viabilidad econ\u00f3mica regulada en el art\u00edculo 11 tiene por objeto asegurar la adecuaci\u00f3n de las actuaciones de rehabilitaci\u00f3n edificatoria y las de regeneraci\u00f3n y renovaci\u00f3n urbanas a dos elementos garantistas de competencia estatal: el respeto a los l\u00edmites del deber legal de conservaci\u00f3n y el equilibrio entre los beneficios y las cargas derivados de la misma, para los propietarios incluidos en su \u00e1mbito de actuaci\u00f3n. Los medios, incorporados a la memoria de viabilidad econ\u00f3mica, dirigidos a garantizar la efectividad de los citados elementos ser\u00e1n desarrollados, en todo caso, por la normativa urban\u00edstica auton\u00f3mica.<\/p>\n