Proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética

A modo de resumen sus principales características son las siguientes:

Objetivos para la neutralidad climática

– Se determina, por primera vez, que España deberá alcanzar la neutralidad climática no más tarde del 2050.
– Antes de mitad de siglo, el sistema eléctrico de España tiene que ser 100% renovable.
– En 2030, las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en al menos un 20% respecto al año 1990.
– 35% de consumo final de energía de fuentes renovables.
– 70% de generación renovable.
– 35% de mejora de eficiencia energética respecto a un escenario sin medidas.

Recursos para la lucha contra el cambio climático

Se destinarán más recursos para luchar contra el cambio climático a través de distintas herramientas de la Administración:
– Asignación en los Presupuestos Generales del Estado.
– Ingresos de subasta de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
– Medidas para integrar la lucha contra el cambio climático en procesos de contratación pública.

 

Antes de 2050, el sistema eléctrico de España tendrá que ser 100% renovable

– Las renovables generan nuevas oportunidades de negocio, mejoran la competitividad, crean empleo y son la fuente de energía más barata. El texto prevé que el Gobierno desarrolle un nuevo marco retributivo para la generación renovable, basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía.
– Impulsarán la descarbonización del resto de sectores.

La rehabilitación de edificios, clave en la eficiencia energética

– En cuanto a la eficiencia energética, las principales medidas se concentran en el ámbito de la rehabilitación energética de edificios, otro segmento clave en la reactivación económica que, además, es un pilar de la lucha contra la pobreza energética.
– El Gobierno promoverá y facilitará el uso eficiente de la energía y el uso de fuentes renovables en la edificación, alineando la Estrategia a largo plazo para la renovación de edificios con los objetivos de los sucesivos PNIEC.
– El proyecto amplía hasta 2030, de acuerdo con lo previsto en la nueva Directiva de Eficiencia Energética, el Fondo de Eficiencia Energética, que ha permitido movilizar más de 1.000 millones de euros en los últimos cinco años.

Movilidad limpia y sostenible

– En 2040, los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos serán de emisiones nulas.
– Implantación de acciones para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta y otros medios, y mejora del transporte público.
– Declaración de zonas de bajas emisiones en municipios de más de 50.000 habitantes y en los territorios insulares para 2023.
– Instalación de puntos de recarga eléctrica en estaciones de servicio repartidas por todo el territorio nacional.

Desinversión en productos energéticos de origen fósil

– El PLCCTE fomenta, a través de planes específicos, el uso de gases renovables, incluyendo el biogás, el biometano, el hidrógeno.
– A partir de la entrada en vigor de la futura ley, no se otorgarán nuevas autorizaciones de exploración, permisos de investigación o concesiones de explotación de hidrocarburos en todo el territorio nacional. Tampoco se autorizará la fracturación hidráulica de alto volumen, el ‘fracking’.

Transición Justa

El Gobierno deberá aprobar cada 5 años una Estrategia de Transición Justa con las CC.AA. y los agentes sociales para garantizar que nadie quede atrás.

Educación y capacitación para el cambio climático

– Refuerzo del conocimiento sobre Cambio Climático en el sistema educativo y capacitación de perfiles profesionales vinculados a la transición ecológica.
– Por otro lado, se promoverá una financiación adecuada de las prioridades en materia de investigación, desarrollo e innovación de cambio climático y transición energética que se incluyan en las sucesivas Estrategias españolas de Ciencia y Tecnología y de Innovación.

Reforzar la gobernanza climática

Destaca la creación de un Comité de Expertos de cambio climático y transición energética, de carácter independiente, responsable de evaluar y hacer recomendaciones sobre las políticas y medidas de energía y cambio climático, incluidas las normativas. Elaborará anualmente un informe que será remitido al Congreso de los Diputados y sometido a debate en el mismo, con la participación del Gobierno.